La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha estrenado en España entre la esperanza de los que quieren ver en ella un impulso a la I+D+i que permita a nuestro país converger con Europa y las suspicacias de los que la consideran insuficiente o incluso contraproducente.
Un recelo que se explica tras años de vaivenes en la inversión pública y la falta de un modelo sólido respaldado por todas las fuerzas políticas y la comunidad científica-tecnológica para convertir la investigación en un polo de creación de riqueza y empleo de calidad que retenga el talento o incluso logre que retornen las personas que lleva años generando valor fuera de nuestras fronteras.
Alcanzar el 1,25 del PIB en la inversión en investigación en 2030
Una década después de la reforma de la Ley de Ciencia aprobada en 2011, el Gobierno se ha propuesto consolidar el esfuerzo inversor de los últimos años apostando por duplicar los fondos públicos destinados a I+D+i antes de que concluya 2030 y acercarlos al 1,25 por ciento.
Un esfuerzo inversor que se sumaría al privado con el objetivo de cerrar la década actual con una inversión conjunta del 3%.
Contrato indefinido para investigadores
Una de las medidas estrella para mejorar la carrera científica y favorecer la I+D+i es el nuevo tipo de contrato indefinido que recoge las particularidades de la carrera investigadora y que persigue consolidar el empleo. Este contrato no estará sujeto a las hasta ahora preceptivas ofertas de empleo público o las tasas de reposición.
Además, la legislación fija un itinerario postdoctoral con un nuevo contrato de hasta seis años que permitirá consolidar la plaza siempre que se superen una evaluación intermedia y otra final.
Asimismo, la ley garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores incluyendo indemnización por fin de contrato, tanto si es predoctoral como postdoctoral.
Para facilitar las oportunidades de los investigadores, se reservará para ellos un mínimo de un 25 por ciento de plazas en entidades públicas de investigación y de un 15% en las universidades, siempre que se superen las pruebas antes señaladas.
Atracción y retención del talento
La reforma incorpora facilidades para la contratación de personal extranjero, como el contrato de investigador distinguido, y la posibilidad de la doble adscripción en España y en el exterior.
El objetivo de esta doble adscripción es que los investigadores nacionales que han trabajado fuera de nuestro país puedan igualar sus méritos a los que han desarrollado su carrera en España y facilitar el retorno del talento expatriado durante los años de la crisis económica.
El personal técnico de los Organismos Públicos de Investigación tendrá, además, garantizada la posibilidad de movilidad profesional y disfrutar de estancias formativas en colaboración con empresas de perfil tecnológico.
Transferir conocimiento a las empresas y fomentar la inversión privada
La normativa reconoce la figura del sexenio para trasladar el conocimiento y la innovación generados en el sector público al mundo de la empresa privada.
Además, se apuesta por estimular la inversión privada en I+D+i a través del fomento de la compra pública innovadora, que propicia destinar fondos públicos a la adquisición de productos y servicios proporcionados por sociedades mercantiles con perfil innovador.
Igualdad: Luchar contra la brecha de género en la ciencia
Otro de los grandes desafíos de la Ley de Ciencia es el de luchar contra la brecha de género que persiste en la esfera de la I+D+i y de las carreras STEM.
El nuevo Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se abordará también desde una perspectiva de género que garantice la presencia femenina en la comunidad científica.
Los centros de investigación tendrán que presentar planes de igualdad de género y códigos de buenas prácticas para luchar contra el acoso o la discriminación por razón de género y orientación sexual.
Los centros de I+D+i que cumplan con estos protocolos contra la discriminación dispondrán de un distintivo de excelencia que los reconocerá como iguales en género en los procesos de selección y evaluación o en la implantación de acciones en favor de la conciliación de la vida profesional y familiar.
Una norma necesaria, “pero ¿será suficiente?”
Alba Valdés, responsable en Inova del área de Centros de Conocimiento, afirma que la nueva legislación era “necesaria pero insuficiente”. A su juicio, “uno de los aspectos más esperados y, por ende, más necesarios, era la mejora de las condiciones laborales del personal investigador, que lleva demasiado tiempo encadenando contratos precarios, con repercusiones muy negativas en la calidad y resultados de investigación, así como la huida en busca de mejores condiciones y de una mayor valorización de su actividad”.
Valdés considera que la Ley de ciencia ayudará a “regularizar una situación que, de partida, era muy deficiente” aunque se muestra escéptica respecto a sus resultados finales: “Esta nueva Ley parece que promete convertir la carrera científica en una opción atractiva, pero ¿será suficiente?”.
Mejorar la financiación de universidades y centros de investigación
Aunque el grueso de la comunidad científica alaba la aprobación de la nueva normativa, no todos los investigadores están satisfechos.
Los responsables de medio centenar de centros de investigación españoles hicieron llegar al Gobierno y a la oposición un escrito en el que cuestionaban las ventajas de los contratos indefinidos.
A su juicio, el blindaje de los contratos puede tener un efecto pernicioso al traducirse en centenares de indemnizaciones por despido de investigadores cuando éstos terminen sus proyectos. Una circunstancia que puede generar desequilibrios en los presupuestos de los centros públicos de investigación.
Los críticos con la nueva ley ponen el acento en que, mientras no se refuerce la financiación de universidades y centros de investigación públicos, toda apuesta por consolidar la contratación será un brindis al sol que traerá más problemas que ventajas.
La opinión de los expertos sobre la Ley de Ciencia 2022
Ante tales suspicacias, el área de Centros de Conocimiento de Inova se ha puesto en contacto con científicos, investigadores y profesionales de la I+D+i para que nos den su valoración de una norma llamada a revolucionar la investigación en nuestro país, acercarnos al canon europeo y terminar con la débil financiación que ha atenazado al sector investigador en nuestro país desde siempre.
Senén Barro: Director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) – USC
- ¿Qué valoración general hace de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Formación, atracción y retención de talento. Esta es la receta que el responsable de CiTIUS considera fundamental para alcanzar unos estándares de investigación “relevantes”. A juicio de Senén Barro, solo “así se podrá facilitar la solicitud y ejecución de los fondos destinados a la investigación y se podrá contar con los recursos suficientes para poder hacer investigación trascendente”. En este sentido, la nueva Ley “quiere incidir positivamente en todo ello”, por lo que por ello considera la norma “muy positiva”.
- ¿Cree factible alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 por ciento del PIB duplicando las cifras actuales como leyes como esta?
Respecto a la meta de duplicar la inversión en I+D+i en ocho años, Barro no oculta sus dudas: “Si analizamos lo que ha ocurrido en las dos últimas décadas, por ejemplo, veremos que la inversión pública en I+D en nuestro país ha tenido un perfil montañoso. Somos un país de coyunturas en lo que al esfuerzo en I+D se refiere”.
Haciendo balance de las últimas décadas, el investigador subraya que “los gobiernos socialistas se han correspondido en general con los principales períodos de inversión en I+D, pero incluso en la fase final del de Zapatero, coincidiendo con el inicio de la crisis económica de 2008, ya se produjo un estancamiento”, para después “caer en barrena con Rajoy y volver de nuevo a la senda del crecimiento con Pedro Sánchez”.
“Por eso estoy convencido de que además de una ley progresista, como la que acaba de aprobarse, es necesario un compromiso entre los principales partidos políticos para que el esfuerzo inversor en I+D crezca al margen de coyunturas económicas y cambios en los gobiernos. Solo así se podrá y solo así nos irá bien”.
- ¿Cumple la Ley de Ciencia con las expectativas depositadas para tratar de reducir la precariedad y contribuir a impulsar la actividad investigadora?
Respecto a la búsqueda de la estabilidad en el empleo, Barro se muestra expectante. “Eso se verá con el paso de los años. De hecho, tardaremos un tiempo en acometer los necesarios ajustes derivados de cambios tan profundos en lo que a la contratación se refiere”, afirma el director de CiTIUS, para el que “lo importante son las líneas a las que apunta la ley, con una menor precariedad de los contratos y una mayor predictibilidad de las trayectorias profesionales dentro de la investigación”.
“Hasta ahora la carrera investigadora era de obstáculos y de fondo, a ver si ahora pasa a tener menos saltos y, sobre todo, menos sobresaltos”.
- ¿Qué quedaría por hacer para reforzar la actividad investigadora y su financiación?
En cuanto a los flecos que puede dejar la norma y que el legislador ha dejado sin incluir en la norma, Barro apunta a la “infradotación de recursos humanos de apoyo a la investigación”. A su juicio, “la Ley identifica al personal técnico y también al que desempeña labores de gestión, administración y servicios relacionados con la I+D+I y la transferencia, como parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Una circunstancia a alabar que, pese a todo, no es suficiente: “Pero una cosa es reconocer su relevancia y otra es que tengamos abundancia. Falta personal en cantidad y con la formación adecuada para apoyar la realización de la investigación y la transferencia y diseminación de sus resultados”.
Daniel Villanueva: investigador y profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial – Uvigo
- ¿Qué valoración general hace de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Daniel Villanueva no oculta su satisfacción por la llegada de la anhelada legislación. “A priori, la valoración es muy positiva. La reforma era necesaria porque asegura una mayor financiación pública de I+D, con el objetivo de alcanzar un 1,25% del PIB en el año 2030, y también porque mejora las condiciones laborales del personal investigador y de apoyo a la investigación”, sostiene el investigador del área de Ingeniería Mecánica de la Uvigo.
- ¿Cree factible alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 por ciento del PIB duplicando las cifras actuales?
Respecto al aumento de la inversión, se muestra optimista: “Creo que la financiación de la investigación debe ser vista como una inversión, no como un gasto, por lo que entiendo que sí debe ser factible”.
- ¿Cumple la Ley de Ciencia con las expectativas depositadas para tratar de reducir la precariedad y contribuir a difundir la actividad investigadora?
La lucha contra la precariedad era uno de los debes de la legislación de apoyo al I+D+i en España y en este sentido Villanueva también se muestra esperanzado: “La nueva Ley pretende mejorar la carrera del personal investigador mediante una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas, para todo tipo de personal de investigación, en el marco de líneas de investigación definidas por las instituciones”.
“Los nuevos tipos de contratos tienen claras mejoras respecto a los anteriores. Por ejemplo, en el caso de los indefinidos, no está sujetos a los límites de la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición, en caso de que se agote la financiación estarían sujetos a una mayor indemnización y podrá también tener derecho a trienios”.
- ¿Qué quedaría por hacer para reforzar la actividad investigadora y su financiación pública?
Pero el investigador reconoce que la clave de bóveda de una estrategia científica de país seguirá siendo la financiación. “Al final, es todo un problema de financiación, que sigue siendo insuficiente”, sostiene el investigador, que no oculta su temor a que algunas instituciones científicas “al tener que hacer contratos indefinidos, por ejemplo, a investigadores postdoctorales, tengan que asumir costes de indemnización difíciles de soportar”.
Y lanza una advertencia que, a su juicio, puede desequilibrar las cuentas de estas instituciones si no están respaldadas por nuevos fondos. “El problema es que este coste no es posible afrontarlo con la financiación de las ayudas europeas, lo que repercute en la limitada economía de la institución”, advierte.
Cibrán Santamarina: investigador del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear – USC
- ¿Qué valoración general haces de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Santamarina, uno los investigadores con mayor impacto en la comunidad científica en los últimos años, subraya que la reforma de la legislación “era necesaria” en ciertos aspectos, “en particular nas carreiras científicas, pero polo momento o que está pasando é que a adaptación ao novo marco, non só creado pola lei, senón tamén pola recente reforma laboral, está sendo turbulento”, reconoce.
- ¿Cree factible alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 por ciento del PIB duplicando las cifras actuales como leyes como esta?
Como otros investigadores, el tema de la financiación sigue generando suspicacias: “Entendo que o finanzamento da I+D+i depende máis dos orzamentos que do marco legal”, sostiene el compostelano, que lamenta que no se hubiese actuado antes para atajar la sangría de fondos que se perdieron en la década pasada. “Nada impedía até o día de hoxe que o gasto en I+D+i estivese xa a eses niveis”, censura.
“Cos gobernos progresistas o nivel de finanzamento foi mellor que cos gobernos conservadores pero en xeral a I+D+i en España está infrafinanciada”.
- ¿Cumple la Ley de Ciencia con las expectativas depositadas para tratar de reducir la precariedad y contribuir a impulsar la actividad investigadora?
Santamarina considera que no hay varitas mágicas para luchar contra la precariedad. “Hai figuras que son, pola súa natureza, de caracter temporal. Por exemplo, os estudantes predoutorais e os postdocs. Isto é así en todos os países que teñen un tecido de I+D+i e, desde o meu punto de vista, debería seguir sendo así. Creo que esta é unha opinión consensuada na comunidade científica e nas axencias financiadores”, señala el físico reconociendo la dificultad de casar los intereses de los investigadores con los requerimientos y el carácter limitado en el tiempo de muchos proyectos de investigación.
“No caso dos estudantes de doutoramento é unha evidencia. A lei establece unha duración de tres anos para o doutoramento, prorrogable como máximo até cinco. Polo tanto, a contratación dun estudante predoutoral sábese que ten que anticipar unha rescisión de contrato, ben por defensa de tese ou por abandono do doutoramento”, añade.
Para Santamarina, habrá que coordinar la legislación recientemente aprobada y su apuesta por la estabilidad laboral con las normativas que llevan rigiendo desde hace años las instituciones que lideran la investigación en nuestro país: “O caso dos postdocs é semellante. O postdoc é un contrato posdoutoral formativo que ten que estar limitado no tempo. De feito as propias administracións, e en particular a Administración Xeral do Estado, ten convocatorias de contratos predoutorais (FPI e FPU) e de postdoc (Juan de la Cierva e Ramón y Cajal) que dota con limitación temporal. As FPI e FPU de catro anos, as Juan de la Cierva de dous e as Ramón y Cajal de cinco”.
“O encaixe destas figuras, de natureza non indefinida, con contratos indefinidos está sendo moi complexo e, polo menos na Universidade de Santiago, moitas das contratacións están paralizadas”.
- ¿Qué quedaría por hacer para reforzar la actividad investigadora y su financiación?
Como el resto de expertos que participan en este artículo que analiza la nueva Ley de Ciencia, la financiación es, a juicio de Santamarina, fundamental para poder sostener un sistema público científico e investigador consolidado: “En xeral, o marco legal é menos relevante que o nivel de financiamento. Hai que ter en conta que moitas prazas se crean con fondos dos proxectos de investigación dos grupos, porque hai que facer encaixe coas duracións limitadas dos proxectos (que poden ser múltiples) e os fondos de cada proxecto”.
“Se a iso sumamos que as axencias financiadoras, tanto do Goberno central como a Xunta, non teñen calendario de convocatorias -unha aspiración histórica que nunca se cumpriu- temos un pequeno caos, que ogallá se estabilice pronto”.
Javier Paniagua: Investigador y profesor en la Escuela de Estudios Empresariales – Uvigo
- ¿Qué valoración general hace de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Javier Paniagua da la bienvenida a la nueva Ley aunque con reservas: “Es un paso adelante en la buena dirección. Pero una cosa es redactar en el BOE y otra que la investigación se desarrolle adecuadamente en la realidad”.
- ¿Cree factible alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 por ciento?
En cuanto a la posibilidad de duplicar la financiación, Paniagua mantiene el escepticismo: “Respecto a las expectativas, es difícil hacer pronósticos a priori”.
“Todavía no se sabe bien cómo van a cumplir la universidades y centros de investigación con esas cifras de inversión. Y mucho menos las empresas y la sociedad. El texto suena bien, pero luego está su ejecución”.
- ¿Cumple la Ley de Ciencia con las expectativas depositadas para tratar de reducir la precariedad y contribuir a impulsar la actividad investigadora?
Respecto a la lucha contra la precariedad, Javier Paniagua tampoco es capaz de vaticinar si la nueva legislación contribuirá a mejorar la situación “Los contratos predoc son cortos”, sostiene el expertos, que añade que “los postdoc no deberían serlo” siempre que las “universidades e instituciones cuenten con una salida a la finalización del plazo del contrato”.
A su juicio “los contratos indefinidos no son más que extender el derecho laboral a este colectivo. Teóricamente no debería haber diferencias entre un contratado laboral por una empresa con un investigador contratado por una universidad”, afirma que asegura que en su universidad “hay gente que lleva 10-15 años con contratos temporales encadenados”.
Una circunstancia que solo puede solucionarse si a la Ley le acompaña una estrategia de inversión sostenida en el tiempo.
“Pero la naturaleza de la financiación de la mayoría de los contratos de investigación es temporal y en consecuencia la relación laboral debería ser temporal o recurrir a la ficción de tratarlo como indefinido”.
Si no se soluciona la cuestión financiera se puede llegar a una situación que tampoco será la deseada: “Falta ver cómo se implanta y la realidad de los grupos de investigación es muy dispar, pero creo que los investigadores, en su mayoría, solo van a ganar un contrato fijo artificial y una pequeña indemnización por despido. Vamos a ver si los grupos tratan de ahorrar la indemnización asegurando carga de trabajo para los grupos”.
- ¿Qué quedaría por hacer para reforzar la actividad investigadora y su financiación pública?
Respecto al futuro de la investigación, Paniagua pone el acento en la necesaria participación de las empresas privadas a la hora de sostener la investigación científica en nuestro país: “Necesitamos mayor orientación de la investigación a las necesidades económicas y sociales del país y mayor implicación de las empresas en la investigación. Esto último se favorece -aunque no solo- con ese carácter más orientado de la investigación -no solo publicar-”.
