La ejecución de los fondos Next Generation destinados a I+D+i alcanzó en julio el 54,8 por ciento, según el último informe de Cotec. Un nivel muy pobre que desvela las dificultades que el Estado se está encontrando para agilizar la concesión de los fondos europeos destinados a reducir la brecha en Investigación, Desarrollo e Innovación que separa a España del promedio de la UE.
¿Qué está ocurriendo con los Next Generation?
Nunca antes en la historia el sector público estatal contó con un presupuesto más alto que el de 2023 para I+D+i. La lluvia de fondos europeos que desde 2021 riega, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ministerios como el de Ciencia, Industria, Economía o incluso Defensa situó el pasado ejercicio como el de mayor disponibilidad presupuestaria de su historia: 20.305 millones de euros, casi un 25% más que en 2022.
No obstante, del total solo se han ejecutado 11.117 millones, lo que revela un atasco monumental en la gestión de los fondos Next Generation, de donde proceden la práctica totalidad de los fondos. Un atasco que será necesario resolver antes de 2028, cuando la Comisión Europea exigirá la devolución de todas aquellas partidas presupuestarias que hayan recibido fondos europeos y que no se hayan ejecutado.
Nos encontramos ante la peor tasa de ejecución presupuestaria desde 2017 y muy lejos del 90 por ciento de promedio con la que se cumplían con los compromisos de inversión a comienzos de siglo.
Las grandes damnificadas son las empresas fabriles innovadoras, que llevan meses demandado que se liberen las ayudas directas (más de 2.271 millones) y créditos (1.542) para comenzar a desarrollar los proyectos que están llamados a transformar nuestra industria. Pero no solo: el Ministerio de Ciencia no consigue dar salida a más de 3.000 millones en créditos y subvenciones no reembolsables.
Y después de 2028, ¿qué?
El informe de COTEC va más allá del análisis de la ejecución presupuestaria y alerta de que el paréntesis de los fondos Next Generation no está siendo utilizado por el Gobierno central para estudiar nuevas fórmulas para invertir en la I+D+i más allá del horizonte 2028.
Cotec habla de “un futuro incierto para la innovación” y que será necesario reemplazar los fondos europeos “por otro eventual futuro mecanismo europeo o por fondos de origen nacional si se quiere dar cumplimiento tanto al compromiso de la Ley de la Ciencia de seguir incrementando la financiación pública de la I+D+i en el medio plazo”, que fija un mínimo del 3% del PIB de inversión anual, “como a los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación de converger con Europa en I+D+i”.
Récord de empleo e inversión del ecosistema gallego de startups tecnológicas
Julio nos deja el último informe de Ecosistema Startup, y del que se ha hecho eco El Referente, sobre la salud de las startups gallegas. Ecosistema Startup identifica 311 empresas de perfil tecnológico en Galicia: 151 startups, 35 scaleups (startups más desarrolladas, capitalizadas, de crecimiento más veloz y con una mayor especialización en su organigrama y plantilla) y 125 pymes. Cifras que sitúan a la Comunidad como la sexta del país en albergar un mayor número de compañías tecnológicas de estos perfiles.
Datos: Enisa, Patio Campus y Xunta de Galicia. Gráfico: El Referente
Biotech (30), Agrotech (20), Ehealth (16), SaaS (15) y Turismo (14) son los sectores que agrupan más startups mientras que en cuanto a la inversión el crecimiento ha sido espectacular en los últimos cuatro años: se ha pasado de los 13 millones de euros de 2020 a los actuales 56,7. Casi se ha cuadruplicado.
Cataluña y Madrid, a la cabeza
Pese a estas buenas cifras, Galicia queda lejos de los dos grandes líderes del ecosistema español: Cataluña y Madrid. Ambas comunidades siguen ampliando la brecha con el resto de regiones españolas, con más de la mitad de las 3.700 startups españolas. El ecosistema emprendedor nacional genera anualmente 11.541 millones de euros de riqueza y más de 100.000 empleos.
El informe es accesible en la página web de El Referente.
El Ministerio de Ciencia publica su Guía de Sandbox Regulatorios
El Ministerio de Ciencia ha publicado Guía para entornos controlados de pruebas. Un manual sobre sandbox regulatorios que pretende ayudar a las empresas tecnológicas, fundamentalmente startups innovadoras, a conocer las ventajas de estos espacio seguros de experimentación donde se poder probar software, aplicaciones o tecnologías nuevas sin comprometer la seguridad o la estabilidad del entorno de producción.
El objetivo de esta guía es la de facilitar el conocimiento sobre los entornos seguros de pruebas regulatorios, y proporcionar, de forma accesible, pautas y directrices para que los responsables públicos puedan implementar un sandbox de forma segura y eficaz. Además, se ofrece a los agentes innovadores directrices y ejemplos de las ventajas y oportunidades vinculados a estos entornos.
El desarrollo de tecnología y nuevos modelos comerciales innovadores no siempre se ajusta a las regulaciones existentes que gestionan su actividad y tienen como objetivo controlar el mercado y salvaguardar a los consumidores. De esta manera, las startups tecnológicas pueden probar sus innovaciones en entornos controlados por un supervisor público que protege a los usuarios mientras se realizan ensayos y testeos para evaluar la utilidad, viabilidad e impacto de las innovaciones.
Los sandbox regulatorios funcional no solo como instrumento de innovación sino como puente entre el legislador, la Administración Pública y el ecosistema innovador para la dinamización de la economía.
Sandbox específicos para los sectores financiero, energético, de movilidad e IA
En la actualidad existen tres sandboxes ligados a la energía, las finanzas y la movilidad aunque el legislador confía en impulsar uno nuevo ligado a la Inteligencia Artificial a tenor del crecimiento que esta experimentando en los últimos dos años a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
Francia, Italia, Alemania y Portugal son los cuatro países de la UE donde más se ha avanzado en este tipo de entornos de experimentación ligados a la innovación tecnológica, sobre todo en ámbitos ligados a las finanzas, la industria, la seguridad alimentaria y la digitalización. España pretende, por tanto, no quedarse atrás en la regulación de unos entornos vitales en su estrategia de reducir la brecha en innovación con las grandes economías del continente.
Las empresas españolas, por encima de la media de la UE en aplicación de la IA
El 9,2 por ciento de empresas españolas usaron soluciones de Inteligencia Artificial en 2023. Así lo atestigua el informe Década Digital 2024 presentado a principios del mes de julio por la Comisión Europea. Un estudio que aprecia también mejoras notables en otros ámbitos ligados a la digitalización del tejido productivo y la sociedad.
El 66 por ciento de la población española disponía a finales de 2023 competencias digitales básicas, diez puntos por encima del promedio de la UE y muy cerca del objetivo marcado por la UE para 2030, cuando se confía en que el 90 por ciento de los ciudadanos de la UE estén alfabetizados digitalmente.
Entre los debes del informe, la UE destaca que la tasa de empresas españolas que emplea servicios en la nube (27,2%) sigue lejos del promedio europeo (38,2%) y que el número de especialistas TIC solo representa el 4,4 por ciento de la fuerza laboral total, un punto por debajo del promedio continental.
5.500 pymes y grandes empresas españolas, obligadas a informar sobre sus logros en sostenibilidad
El Ministerio de Economía está ultimando la adaptación a la legislación española de la denominada Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) de la UE que multiplicará por cuatro el número de empresas obligadas a difundir información sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de sostenibilidad.
La directiva afectará a las grandes empresas y a aquellas pymes que cumplan con al menos dos de estos tres requisitos:
- 40 millones euros de volumen de negocios.
- 20 millones de activos totales.
- 250 o más empleados.
La directiva recoge que estas empresas estarán obligadas a informar sobre sus esfuerzos en el ámbito ESG (acrónimo en inglés que hace referencia a Medio Ambiente, Social y Gobernanza):
- Impacto ambiental de su actividad, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de recursos naturales y de políticas de sostenibilidad.
- Impacto social, como las condiciones laborales y aspectos ligados a la diversidad e inclusión en las plantillas.
- Gobernanza corporativa, en relación a la estructura de dirección de las compañías, transparencia y ética empresarial.
Los poderes públicos se encargarán por tanto de velar por que las empresas incorporen a su modelo de negocio la sostenibilidad para lo que tendrán que adaptar procesos y sistemas.
Período de adaptación 2025-2028
Las grandes empresas que ya venían redactando los informes NFRD (Directiva sobre información no financiera) tendrán que comenzar a emitir sus informes CSRD a partir del 1 de enero de 2025. El resto de grandes empresas lo harán a partir de 2026 mientras que las pymes obligadas a hacerlo harán lo propio en 2027, aunque se abrirá un período de gracia que le s permitirá retrasarlo un año.
26,8 millones para la línea 2 del PERTE Circular
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de 26,8 millones de euros enmarcada dentro de la línea 2 del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular.
Esta línea tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad y la circularidad en los procesos empresariales, mejorando la competitividad del tejido industrial español. Podrán beneficiarse los siguientes iniciativas:
- Proyectos que reduzcan el consumo de materias primas vírgenes.
- Ideas que mejoren la gestión de residuos.
- Propuestas que se centren en la investigación y mejora del ecodiseño de productos.
- Actuaciones que promuevan la transformación digital para un uso más eficiente de los recursos.
Las ayudas oscilarán entre los 100.000 euros y los 10 millones por proyecto y las empresas interesadas tendrán que presentar su candidatura antes del 31 de diciembre.
