El frenesí legislativo que está marcando la agenda del Gobierno de España en este último tramo de la legislatura ha alcanzado al ámbito industrial. El 5 de diciembre, el Ejecutivo lanzaba el anteproyecto de la Ley de Industria. Un documento con el que el equipo de la ministra Reyes Maroto pretende modernizar la legislación en materia industrial, que data de 1992 y evidentemente se ha quedado obsoleta.
Características de la Ley de Industria: Digitalización y transición ecológica acompañarán la reindustrialización
El anteproyecto de la Ley de Industria, que continuará su tramitación parlamentaria en los próximos meses, pone el acento en la reindustrialización tras la sangría vivida en nuestro país en las últimas décadas debido a las sucesivas reconversiones del sector. Y lo hace desde dos ángulos:
- La necesidad de profundizar en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas para que todo el tejido productivo se sume a la competitividad que exige la internacionalización.
- La búsqueda de la soberanía industrial, sobre la base de la independencia energética y la economía circular.
Prioridades de la nueva normativa industrial
Recuperar el peso industrial perdido en las últimas cuatro décadas
En la actualidad la industria ocupa a algo menos del 11 por ciento de la población activa española y genera más del 15 por ciento de su riqueza. Lejos de las cifras que arrojaban las estadísticas en los años setenta antes de las sucesivas crisis industriales: un 30 por ciento de peso en el PIB, el doble que en la actualidad.
No obstante, el Ejecutivo es ambicioso: pretende que el sector industrial escale cinco puntos en su aportación al PIB antes de que concluya la década actual.
Lo que es evidente es que una industrialización sobre la base de subsectores industriales tradicionales y mano de obra barata y poco cualificada, que marcaron el desarrollismo español de mediados del pasado siglo, es inviable en el horizonte de 2023.
La revolución tecnológica obliga a otro tipo de industrialización, donde la innovación, la inteligencia artificial y la robotización se convierten en valores diferenciales de cualquier sector que pretenda competir sobre unos cimientos sólidos.
Sectores prioritarios
El Ministerio de Industria ha anticipado que la nueva norma considerará como prioritarios ciertos sectores, como la industria electrointensiva, que se considerará de “especial protección” y para la que también se prevé medidas para propiciar su descarbonización con el fin de reducir su impacto ambiental y la dependencia energética del exterior.
Asimismo, el alcance de la ley llegará a todo el sector manufacturero, al de tratamiento de residuos o reutilización de productos industriales para impulsar la circularidad del modelo industrial, así como las empresas que prestan servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica o digitalización industrial.
Ecosistemas industriales sobre cadenas de valor estratégicas
El Gobierno propone una reindustrialización ordenada sobre la base de los llamados ecosistemas industriales. Aquellas actividades del sector secundario formadas por actores que operan de una forma interrelacionada y altamente interdependiente entre sí.
El desarrollo de estos ecosistemas basados en cadenas de alta generación de valor tendrán prioridad en los presupuestos públicos a la hora de tener respaldo institucional. Tanto desde el punto de vista económico, vía subvenciones, como del normativo, a través de legislaciones ad hoc que apoyen a proyectos estratégicos.
Solo aquellos proyectos que demuestren ser competitivos, sostenibles y aporten valor añadido en términos de I+D+i contarán con el aval del Estado en el horizonte del 2030.
De esta manera, los clústeres y centros de innovación recibirán una atención especial en términos de medidas de apoyo específico que garanticen el crecimiento industrial y económico, la creación de empleo de calidad y aseguren la competitividad de la industria.
Proyectos industriales de interés general según la nueva Ley de Industria
Dentro de la nueva concepción de la industria que el Ejecutivo pretende que cale en nuestro país se encuentra la del fomento de nuevos proyectos industriales de interés general, con los que busca liderar la reindustrialización del país.
Según el anteproyecto tendrán esta denominación los “proyectos de nuevos establecimientos” capaces de ser tractores en sectores estratégicos o ubicados en zonas de la España Vaciada. También serán de interés general los que supongan una “ampliación de capacidad industrial significativa en términos de inversión y empleo indefinido” o los enmarcados dentro de ecosistemas industriales estratégicos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional e integrados dentro de la política de financiación de la UE.
Aquellos proyectos que acrediten “razones de interés público y económico” podrán ser beneficiarias de ayudas públicas sin concurrencia competitiva.
A la hora de seleccionar los proyectos que recibirán respaldo y de conformar la estrategia industrial de país a largo plazo, las Comunidades Autónomas tendrán su cuota de participación para dotar a la política industrial de una “lógica conjunta” y reducir la burocracia para “agilizar su tramitación administrativa”.
Seguridad industrial, calidad y blindaje del empleo
El Gobierno no solo persigue reindustrializar el país a toda costa. Al menos sobre el papel y con las cautelas que encierra todo anteproyecto salido del Consejo de Ministros, el Ejecutivo articula toda una serie de medidas para reducir los siniestros laborales y blindar el empleo industrial para que el crecimiento del sector sea no solo sólido, sino también duradero y seguro.
Para ello establecen una serie de líneas de colaboración con las Comunidades Autónomas, que seguirán siendo las competentes para velar por la seguridad de los trabajadores y la calidad en el empleo y el buen uso de las subvenciones públicas.
Asimismo, la futura norma buscará garantizar la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras fijando que las empresas beneficiarias de ayudas públicas tendrán que mantener la actividad durante al menos cinco años, tres en el caso de las pymes.
Gobernanza y Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030
Una vez aprobado el proyecto de Ley, previsiblemente antes de la primavera de 2023, se constituirá el llamado Consejo Estatal de Política Industrial, un órgano consultivo que tendrá mucho que decir en el diseño de la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030. El documento que será el que incorpore todas las propuestas de la norma en planes específicos de ejecución antes de que finalice la década.
