El mundo que nos rodea es un sistema complejo e inestable en el que los cambios se producen a un ritmo cada vez más acelerado. Las personas, y también las empresas, deben tener la agilidad suficiente para adaptarse o incluso sacar provecho de los nuevos escenarios. En definitiva, deben ser capaces de innovar.

La innovación se puede entender como un proceso de generación, desarrollo e implementación de nuevas ideas. Aplicada a las empresas, a grandes rasgos, supone la incorporación de nuevos productos y servicios, nuevos modos de producirlos y ejecutarlos, y nuevas maneras de aportar valor con ellos.

Poner en marcha un proceso de innovación de estas características comporta asumir, en una u otra medida, inversiones y riesgos. En ocasiones, y particularmente si se trata de pymes, las empresas encuentran en este paso inicial una barrera que les impide tomar medidas lo bastante ambiciosas para satisfacer sus necesidades de innovación. El hecho cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, como señalaba Alexander Osterwalder en un artículo reciente, los verdaderos saltos en innovación comportan mayores posibilidades de fracaso y, en consecuencia, un riesgo sustancialmente mayor. Con el fin de reducir estos impedimentos, a lo largo de estos años se han ido desarrollado diferentes instrumentos de apoyo público que fomentan que las empresas innoven.

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En este sentido, un caso de especial interés es el de la Compra Pública Innovadora (CPI), concebida para satisfacer el objetivo de la estrategia Europa 2020 de conseguir una inversión en I+D equivalente al 3% del PIB de la Unión Europea. Se trata de una actuación administrativa de fomento de la innovación que, a través de la contratación pública, pretende potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores poniendo el foco no en la oferta, sino, sobre todo, en la demanda.

Es frecuente que el fomento de la innovación se estructure entorno a la oferta: las empresas, con arreglo a sus propios criterios, presentan sus proyectos y los someten al proceso de selección correspondiente, con la esperanza de que resulten seleccionados y reciban la financiación que necesitan para su desarrollo. Como opción alternativa a estas vías más tradicionales, la CPI prefigura un esquema en el que son las administraciones públicas las que manifiestan sus necesidades y dan la posibilidad a las empresas de proponer soluciones.

De este modo, la CPI persigue los siguientes objetivos:

  • La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de los bienes o servicios innovadores.
  • El fomento de la innovación empresarial.
  • El impulso a la internacionalización de la innovación empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.

A continuación, se mencionan algunos de los beneficios que obtiene cada una de las partes involucradas en la CPI, según se detalla en la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación:

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La CPI se puede materializar en dos modalidades de contratación (véase la documentación disponible en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad):

  • La compra pública pre-comercial (CPP), que es una contratación de servicios de investigación y desarrollo (I+D) íntegramente remunerada por la entidad contratante. Se caracteriza por que el comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado.
  • La compra pública de tecnología innovadora (CPTI), que se incluye en la modalidad de las compras comerciales, consiste en la compra pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable. Dicha compra requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador.

Un ejemplo próximo de su utilización, entre otros, es el del Servicio Galego de Saúde (SERGAS), que lanzó en 2011 dos planes de innovación sanitaria, el Plan Hospital 2050 (H2050) y el Plan InnovaSaúde (IS) con el fin de modernizar y mejorar la calidad y seguridad del modelo sanitario. Ambos planes utilizaron la CPI como medio de canalización de los fondos públicos hacia la innovación empresarial con el fin de mejorar los servicios sanitarios y generar otros nuevos.

Otro ejemplo más reciente es el de Civil UAVs Initiative, promovido por diversos organismos públicos de Galicia, que incluye mecanismos de la CPI para encontrar soluciones concretas en el ámbito de la investigación y la tecnología en el campo de la aeronáutica.